Guatemaltecos, DDHH y desarrollo.

Los civilizados horrores vividos por la humanidad previo a la 2da guerra mundial llevaron, al término de la misma, a Eleanore Rosveelt (USA), Charles Malik (Líbano), René Cassin (Francia), Peng Chun Chang (China), John Peters Humphrey (Canadá) y Hansa Mehta (India), entre otros, a emitir ante la ONU la Declaración Universal de DDHH: los DDHH hoy día, en diciembre de 1948.

Vale señalar que tal declaración fue adoptada en la ONU, también de reciente creación entonces (24 de octubre de 1945), por la mayoría de sus miembros en aquel momento: 48, con 8 abstenciones, entre la que resalta la del Bloque Socialista (URSS y aliados, liderados por Lósif Stalin) aunque hoy, en lo personal considero, resalta mucho más su argumento para aquella abstención, que según fuentes decía: porque prioriza los derechos civiles e individuales occidentales sobre los derechos económicos y sociales, amén que no condenaba explícitamente el fascismo.

De sobremanera interesante la visión del bloque socialista entonces, una vez luego de casi 80 años transcurridos vivimos en Guatemala un singular caos que, traducido, resulta en una tragedia social donde de a poco no solo la amalgama social base: el respeto, se desprecia, sino además, se cimenta la cultura de recurrir cada día más al peso de las armas y sus balas o, de no ser posible, de una vela encendida entre manos y oración perenne.

Y es que los DDHH, amén de lo advertido por el bloque socialista, se han convertido en otro instrumento que, como reza el refrán: hecha la ley, hecha la trampa, se utilizan para disfrazar y esconder constantes y certeros ataques en contra no solo de otros sino del desarrollo del país en conjunto.

Desde los derechos laborales hasta los del niño, tanto como el de ganarse el sustento diario, entre otros, al amparo adicional todos del hambre, la ignorancia y la politiquería, resultan, lejos de instrumento para cultivar el desarrollo social, un lastre para el mismo.

Los derechos laborales, por ejemplo, máxime en sector público en general, atan a las autoridades para rescindir contratos laborales, lo que a sabiendas del “trabajador” incide no solo en un indolente desparpajo en cuanto a la calidad de su trabajo sino también a exigir respeto como humano ante reclamo alguno, a pesar de “trabajar” sin profesionalismo y, más allá de con desgano, con absoluta deshonestidad y no pocas veces corruptamente. Sin embargo, gracias a la oficiosa defensa politiquera de tales derechos, incluso allende nuestras fronteras, el pueblo todo debemos asumir el costo de la parodia y su resultado: deficiente desempeño público y su incidencia en el subdesarrollo. Tema por cierto que se utiliza para despotricar en contra de los dirigentes con el propósito de hacerse con su poder.

Similar sucede con los derechos del niño, que si bien pretenden evitar el maltrato infantil, lo que sin duda es importante y necesario en muchos casos, en estos lares se han trasladado e impuesto dentro del ámbito educativo, donde en general evitan la formación del niño disciplinado, ordenado y respetuoso, capaz de formar parte y construir sociedad. Esto se evidencia no pocas veces en cierta conducta abusiva e irrespetuosa incluso contra los propios maestros, con lo que ahora son estos quienes resultan atados de manos para educar y exigir cuando menos comportamiento respetuoso dentro del aula. Curiosamente, el fenómeno se extiende hasta el ámbito universitario cuando se exigen resultados académicos con alguna calidad, aunque lejos de como derecho adquirido por el “estudiante”, como amenaza velada, incluso portando armas al cinto. Así, la educación, lejos de ser aquella parte importantísima del desarrollo, se convierte de a poco en contra del mismo.

De igual manera el derecho a ganar el sustento diario, lo que deriva en economía informal: puestos ambulantes de comercio que, amén de no contribuir impositivamente al desarrollo, por lo general atentan contra el ornato y el orden de las ciudades, pero además, en no pocos casos, sirven a la delincuencia para observar y controlar a sus potenciales víctimas. De tal que, en pro de ese derecho, también sacrificamos desarrollo social integral.

La libre emisión del pensamiento es otro caso, máxime cuando lo que se emite con libertad no es pensamiento sino emoción en forma de ofensa, calumnia e incluso maltrato y amenaza, en especial contra funcionarios con nombre y apellido.  

Para finalizar, la ley de femicidio, que harto sabemos ha sido usada innumerables ocasiones por delincuentes féminas de todo cuello en contra de incautos varones. Desde un rompimiento sentimental el choque de un auto hasta incluso en el ámbito empresarial privado, donde procurando impedir la correcta ejecución de funciones administrativas, se denuncia acoso o similar. Pero además, dicha ley contradice la mismísima declaración de derechos humanos, en especial el aporte de Hansa Mehta en cuanto a su insistencia en el cambio de la frase: “todos los hombres nacen libre e iguales” por “todos los seres humanos nacen libres e iguales”.

Así, la realidad de los DDHH en el país es patética, máxime cuando estos también son usados como herramienta politiquera por los candidatos de turno, como he anticipado, cuando ofrecen a la población el cielo y la tierra, derechos incluso inexistentes, los que en el ámbito de ignorancia y hambre común en que nos encontramos, repercuten a corto plazo en autoridades débiles cuando no en poca o ninguna, es decir, sin gobierno, con lo que el caos es inevitable, y de su mano: la sepultura permanente del ansiado desarrollo: los derechos económicos y sociales del país.

 

Lic. José Luis Elgueta Jegerlehner