No tiene nombre!!!

 “Libertad, Sancho, es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los cielos, con ella no pueden igualarse los tesoros que encierran la tierra y el mar. Por la libertad, así como por la honra, se puede y debe aventurar la vida”

Palabras de Cervantes 400 años atrás, sin embargo, la auténtica sabiduría ancestral y la justicia construida desde mucho antes determinaron miles de años atrás que privar de su libertad al individuo debe ser el castigo para el delincuente; así, Barrabás fue llevado desde la cárcel hacia su crucifixión, al igual que Sócrates, 400 años antes, cuando a causa de intentar enseñar a pensar a la juventud y alejarla de sus dioses fue encarcelado en Atenas, previo a su ejecución.

Privar de la libertad ha sido pues el castigo común de la justicia a lo largo de la humanidad (incluyendo el arresto domiciliario) para los delincuentes.

Modelo de justicia mismo que, dos más dos menos, ha sido adoptado casi íntegramente por los países del mundo, y en consecuencia, sus pueblos.

Así mismo, la Declaración Universal de DDHH, de ONU, 1948, en cuyo preámbulo de su proclamación como “régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión”, establece que: libertad, justicia y paz tienen como base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los “derechos iguales e inalienables” de todo ser humano, y que no otra sino el desconocimiento (la ignorancia) y el menosprecio (irrespeto) de tales derechos han originado actos de barbarie ultrajantes.

De tal suerte, el andamiaje necesario para la preservación y consolidación de los DDHH del individuo, principalmente su libertad, y sus libertades, en el marco de la justicia y los valores humanos, existe.

Y de entre tales valores humanos resalto: el respeto, cuya existencia, cual amalgama, brinda coherencia a la sociedad, pero cuya ausencia la fragmenta, rompe y descompone. De hecho, el líder indígena (etnia zapoteca) y expresidente de México (durante 15 años), Benito Juárez, promulgó cerca de 150 años atrás. “Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”.

Es imperante reflexionar entonces que, pese a existir todo un legado de derecho, derechos y valores humanos, cierto colectivo aparentando alguna sabiduría ancestral, evidentemente egoísta, abusiva, ilegal y en contra de los mismos DDHH, se empeñe en coartar la libertad de otros por no pensar, creer u obrar de igual manera.

En efecto, como lo vivimos, tal colectivo nos veda derechos principalmente en cuanto a libertad, tanto de locomoción como de salud, de trabajo, de agua incluso, a la vez que crea zozobra económica y pánico financiero, pero por sobre todo, daño sicológico en otra parte de la población que, reitero, tenemos los mismísimos derechos.

La corrupción es innegable. Un flagelo que nos afecta a todos quienes no somos parte de la misma, pero…. ¿quiénes no somos parte de la misma, cuando sabemos que algunas municipalidades cobran por ingresar a municipios (no sus territorios), alcaldes que de la noche a la mañana ostentan mansiones y vehículos de lujo e incluso las mismas denuncias de CICIG, contra corporaciones municipales de Totonicapán y Huehuetenango, entre otras (https://www.cicig.org/casos/caso-corrupcion-en-municipalidades-huehuetenango-totonicapan/)) No somos Tierra Santa, ni de santos. Y hasta la naturaleza lo grita, incluso desde el lago de Atitlán, el Motagua y otros más.  

Y qué decir de los privilegios de los cuales gozan funcionarios y sus familias a lo largo y ancho del país, entre otros, las dietas municipales, las cuales gracias a la autonomía municipal tienen la libertad de repartirse el repartimiento presupuestario de la nación como se les dé la gana.

Así, el enemigo a vencer cabría pensar, sí, es el mismo pueblo, pero nadie dentro del mismo tenemos la autoridad ni la solvencia ética y moral para arrogarnos ningún derecho sobre los demás guatemaltecos en tal sentido, salvo que sea con ignorancia, fuerza bruta y salvaje, que como hemos visto, lamentablemente también tiene similar o peor respuesta.

Sin embargo, siendo en apariencia el meollo del asunto actual la exigencia de la renuncia de la señora fiscal, la ley establece el derecho de petición, pero la misma ley también protege la plaza de fiscal general de la república, no a Licda. Porras, y solo el presidente puede remover a dicho FGRG previa sentencia, entiendo, de juzgado competente. Sin embargo, dicha ley impuesta desde otras latitudes 5 o 6 años atrás se aplaudió en su momento, pero ahora, cuando los actos de la señora fiscal no son del agrado de algunos, exigen anularla. Patéticos. Sin embargo, sí, dicha norma debe eliminarse, pero solo cuando se tenga la renuncia de la señora fiscal, si se llega a tener, y/o previo al nombramiento de su sucesor. Digo, para ser coherentes.

También he dicho: en apariencia, porque es hasta sospechoso el enorme gasto realizado con fines eminentemente políticos durante este mes de octubre. Histórico, aunque histérico a la vez.   

De tal, para realizar una auténtica y eficaz lucha contra la corrupción y los privilegios de funcionarios que por fin nos lleve al desarrollo económico y social, sugiero iniciar por hacernos de las palabras de Mandela, “y que vivamos de una manera que respete y potencie la libertad de los otros”.

Ni 48 cantones, ni las iglesias evangélicas, católicas o de otra índole, como tampoco alcohólicos anónimos, partido político cualquiera y ni siquiera los Bomberos Voluntarios, colectivo este de agrado y respeto en general, pueden pasar sobre la dignidad intrínseca y de los “derechos iguales e inalienables” de todo ser humano.

Jamás: vedando derechos a otros. Jamás: pueblo contra pueblo.